Puede que pasen desapercibidos dentro del cúmulo de cifras que arroja la Administración local, o que su tramitación sea más lenta de lo que debiera. Pero siguen en marcha y, tarde o temprano, se resolverán. La Gerencia de Urbanismo tramita en estos momentos 513 expedientes por actividades clandestinas detectadas en el municipio.
Tienen que ver, aunque resulte llamativo, con comercios que abrieron sus puertas sin la correspondiente licencia (de actividad inocua o clasificada), o que, teniendo la comunicación previa, luego no presentaron toda la documentación exigible.
La mayoría de ellos están abocados al cierre, salvo que, en los periodos fijados, hayan aportado los documentos requeridos, cuestión que no siempre se produce. O que, como ha ocurrido en algunos casos, haya sido la propia inercia económica la que les haya obligado a cerrar sus puertas antes de ser detectada su ilegalidad.
Pero esa cifra es solo la punta del gran iceberg que significa la actividad total de la Gerencia entre el año 2008 y lo que va de 2016: la sección de inspección urbanística y actividades tiene activos 8.664 expedientes.
De la cifra global que sigue pendiente de resolución llaman la atención los más de 4.000 expedientes relacionados con la disciplina urbanística, es decir, con denuncias por obras que no cumplen la legalidad, entre otros conceptos. Como tales expedientes sancionadores por obras realizadas sin licencia están pendientes 113.
Otros 22 que siguen en activo están relacionados con las ejecuciones subsidiarias (ejecuciones forzosas con cargo al administrado). Uno de los más conocidos es el que se tramitó para el derribo de la antigua fábrica Celgán. El ayuntamiento asumió el coste de la demolición y ahora ese gasto se ha añadido como carga en el registro de la propiedad del inmueble.
También están en activo 391 expedientes de prescripción urbanística. Es decir, aquellos que tienen relación con obras no legalizables, pero cuyos propietarios pueden demostrar que llevan más de cuatro años realizadas sin que la Administración haya abierto expediente de disciplina urbanística para legalizarlas. «No supone una legalización, solo el reconocimiento de que está hecha desde hace más de cuatro años», aclara el concejal de Urbanismo de la capital Carlos Garcinuño.
Y entre la «tarea» pendiente se incluyen también los 193 expedientes sancionadores de actividad, 614 por denuncias de locales, 42 por ruinas y 620 órdenes de ejecución. También quedan 1.456 de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y, relacionado con ella, 148 reclamaciones al padrón.
¿Muchos o pocos expedientes?….
¿Son muchos o pocos expedientes pendientes para un ayuntamiento como el de Santa Cruz? «No sé si son muchos o pocos, pero a mí me gustaría que fueran muchos menos», reconoce el concejal de Urbanismo de Santa Cruz, Carlos Garcinuño. «Y me preocupa más que esto se convirtiera en una costumbre». «Creo que la Administración tiene que dar un salto en la facilidad de la tramitación de las licencias y, además, exigir más en la responsabilidad del promotor y de los técnicos que firman estos documentos», subraya. En este sentido, confía en que con la nueva ordenanza para simplificar los trámites administrativos al respecto, que se elabora en estos momentos, se reduzcan estas cifras. «Lo que estamos intentando es hacer responsable a la gente. Que tengan toda la facilidad del mundo para hacer sus obras con el trámite más simple posible, pero con una declaración jurada de que no hay falsedad en ese documento», apunta. Es decir, que «vamos a dar todas las facilidades del mundo, pero vamos a perseguir más la indisciplina», advierte.
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