El mercadeo de chatarra, el desguace de electrodomésticos en mitad de la acera, deteriorada incluso por el arrastre de contenedores, y la acumulación de todo tipo de residuos ha agotado la paciencia de los vecinos de la calle Marqués de Viana, en Tetuán, Madrid. Hace años que el barrio contempla con impotencia este panorama como parte inherente del paisaje diario, ante la indiferencia municipal.
El foco, indican, es la chatarrería de la esquina con la calle Hierbabuena, que actúa con «total impunidad» en la compraventa de residuos, «sin hacer ni caso» a la ley estatal de recogida de residuos. Sin atreverse a revelar su identidad por miedo a posibles represalias, trabajan vía twitter para viralizar la situación en el barrio. Bajo el perfil de @fuerachaterrería publican todo tipo de fotos sobre el impacto negativo del local; «en muchas ocasiones jugándonos el tipo», aseguran.
Decenas de carros llegan a las puertas del almacén cargados de material en un goteo continuo: lavadoras, hornos, frigoríficos, microondas, hierros, tapaderas de alcantarillas… Todo es recogido por un grupo de rumanos gitanos que posteriormente lo vende a la chatarrería. Llama la atención que la actividad continúe incluso con el establecimiento cerrado. En boca de los propios intermediarios, quienes aguardan sentados en un banco como si de un punto de venta al uso se tratara, compran los residuos y después los revenden. «Es una forma de ganarnos la vida y a la gente no le molesta, somos de este barrio desde hace años y todo el mundo nos conoce», dicen. Su postura, sin embargo, es refutada en el primer testimonio: «No les he visto hablar con nadie que no sea para trapichear; se pasan el día bebiendo cerveza», señala Jesús, que vive a unos portales del almacén.
Según los responsables de la campaña de denuncia en las redes sociales, las anomalías no se limitan al mercadeo de puertas para afuera, sino que el núcleo se encuentra en la actividad de la propia chatarrería, que utiliza a estos intermediarios rumanos como una suerte de testaferros para «no ser él quien cometa las irregularidades».
Esta apreciación se sostiene en varios aspectos. El primero, y muy evidente, porque los citados trabajadores «no disponen de autorización para la gestión de residuos», como establece la ley. Preguntados por este periódico, señalaron que «no hacía falta». Segundo, porque «invaden la vía pública con enormes contenedores que incluso han destrozado la acera». Y, tercero, porque «no cuenta con nada más que con una licencia de almacén y no para la actividad que realiza». «Dentro han levantado unos tabiques para separar los residuos, pero no tiene sentido poque luego se mezcla en el contenedor», añade el mismo testigo. Además, acusa, opera «teniendo una orden de demolición por la construcción del tejado y la tabiquería».
Fuentes policiales aseguran que es habitual que, en estos casos, en el intercambio callejero se contravengan todo tipo de ordenanzas municipales, como el vertido de los residuos o el peso en las furgonetas.
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