En Madrid y Barcelona se tarda más en conceder licencia de obra

En Madrid y Barcelona se tarda más en conceder una licencia de obra respecto a otras ciudades más pequeñas.

Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona tardan de media más tiempo en resolver peticiones de licencias urbanísticas, tanto de obra mayor como menor, que localidades con menos población y con menos recursos humanos y materiales para llevar a cabo los trámites pertinentes.

Tiempo tramitacion 1Así se pone de relieve en un informe del Defensor del Pueblo sobre ‘Tramitación de licencias urbanísticas: procedimientos y duración de los trámites’, en el que se avisa de que las administraciones públicas pueden hacer un proyecto más fácil o llegar a hacerlo imposible. «Esto último es una práctica frecuente en España». Madrid tarda de media entre 90 y 120 días en los casos de licencias de obra mayor y entre 30 y 60 días para las de obra menor.

La institución que dirige Soledad Becerril ha evaluado los procedimientos y tiempos de tramitación de licencias de obra en diez ayuntamientos: Madrid, Barcelona y Valencia —capitales de provincia de más de 500.000 habitantes—; Vigo —con más de 300.000 habitantes no capital de provincia—; Cáceres y Pamplona —capitales de provincia con entre 200.000 y 500.000 habitantes—; Algeciras (Cádiz) e Irún (Guipúzcoa) —con entre 50.000 y 200.000 habitantes— y Villena (Alicante) y Úbeda (Jaén) —con entre 20.000 y 50.000 habitantes—.

Del estudio se deduce que Madrid tarda de media entre 90 y 120 días en los casos de licencias de obra mayor y entre 30 y 60 días para las de obra menor, mientras que Barcelona se demora 90 días en el primer caso y entre 30 y 40 en el segundo.

Algeciras, exponente de los municipios de entre 50.000 y 200.000 habitantes, también se retrasa entre 90 y 180 días para las licencias de obra mayor, pero sus plazos se reducen considerablemente para las de obra menor, que se resuelven entre 1 y 15 días después de la solicitud. Pamplona, la más ágil Pamplona es la que menos tarda en resolver las licencias de obra mayor, con unos 30 días de promedio. Valencia también se mueve en una franja de entre 30 y 90 días.

tiempo tramitacion 2Con el fin de evitar demoras innecesarias, la institución propone agilizar los tiempos de tramitación para todo tipo de licencias urbanísticas, facilitar el uso de la declaración responsable con amplios criterios que permitan el pronto inicio de la actividad, de forma acorde con lo declarado por el firmante, y fomentar la claridad, sencillez y transparencia de los procedimientos de tramitación de licencias.

Además, plantea que se coordinen los distintos departamentos municipales para los casos en que se necesita la obtención de licencias de actividades y de obras para la apertura de un establecimiento, de forma que se puedan tramitar y resolver simultáneamente. E insta a los entes supramunicipales a suplir la falta de medios de los municipios más pequeños con asesoramiento permanente técnico y jurídico, apoyo material y asistencia en el procesamiento de la información, en las comunicaciones y en las sedes electrónicas.

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El Ayuntamiento regulará las licencias de las panaderías-degustación tras las críticas de los hosteleros

Exigirá las mismas condiciones que a los bares pero les permitirán abrir en zonas saturadas.

El Ayuntamiento va a modificar los requisitos exigidos hasta la fecha para la apertura de las denominadas panaderías degustación, en auge en la ciudad en los últimos años. La decisión, de la que todavía se ultiman los detalles, llega tras las críticas del sector hostelero y de los principales sindicatos, que veían irregularidades en la concesión de licencias a este tipo de establecimientos.

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En concreto, denunciaron que bajo el paraguas del término degustación, se estaba realizando una actividad hostelera que suponía una competencia desleal frente a los bares de la capital aragonesa, que debían hacer frente a mayores exigencias (instalación de baños, licencias más restrictivas, ubicación en zonas no saturadas, etc).

Además, los sindicatos criticaron que los trabajadores de estas panaderías perdían en torno a 6.000 euros al año por no estar regidos por el convenio laboral de la hostelería. Un agravio que debía subsanarse “cuanto antes”.

Ante esta situación se reunió el pasado mes de mayo un grupo de trabajo formado por los sectores afectados y las administraciones públicas para abordar el tema y acabar con estas “ventajas” que obtenían las nuevas panaderías-bar por parte del Ayuntamiento.

La propuesta, todavía por definir, pasaría por elevar el nivel de exigencia a estos nuevos negocios, como por ejemplo con la obligación de instalar baños y otros requisitos de carácter sanitario y urbanístico. Además, se estudia la posibilidad de condicionar el tipo de licencia -de bar o de comercio- en función del porcentaje de local dedicado a una u otra actividad.

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En cuanto a los salarios y a las condiciones de los trabajadores planteadas por los sindicatos, desde el Consistorio aseguran que “es una cuestión laboral más que de Urbanismo” pero que “se va a colaborar en todo lo posible por mejorarlas”.

Por su parte, las asociaciones empresariales no ven con buenos ojos dar vía libre a la instalación de estos negocios en las zonas saturadas ni diferenciar por el porcentaje de local destinado a cada uso, ya que «se estaría creando una tercera categoría».

Además, recuerdan que estos negocios «se agarran a su licencia de comercio para no pagar lo que deberían a sus trabajadores», por lo que reclaman que la licencia otorgada sea de hostelería. «Es la única manera de conseguir una solución definitiva», argumentan.

Una empresa denuncia que tardó nueve meses en conseguir su licencia de apertura

Los propietarios de la discoteca «La Bull», cerrada hace nueve meses tras denegarle el permiso por estar en un edificio sin licencia de ocupación, pese a que reunía todos los requisitos legales que se exigen y que no tienen el resto de locales de su gremio, han conseguido licencia municipal gracias, en buena parte, reconocen, «a la mediación del nuevo o gobierno, que facilitó el proceso». Subrayan como «inaudito» que una licencia de ocupación para poner en marcha una empresa, que va a dar trabajo a doce personas y es un trámite que suele llevar un mes, tarde nueve en concederse».

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Por eso pedirán «daños patrimoniales» por las pérdidas durante el tiempo que mantuvieron cerrado el local. Máxime cuando se alegó falta de licencia de ocupación del edificio y había otros locales comerciales en ese mismo inmueble que no fueron clausurados.

Este cierre, que llegó a mover cientos de firmas de usuarios y de propietarios de negocios de hostelería, al entender que el cierre de este local de última hora no solo dejaba en la calle doce empleos directos, sino que afectaba a todos los pubs del entorno, podrá reabrir sus puertas nueve largos meses después de su cierre «tras obtener la licencia municipal que nunca debió perder y lo hace tras un largo proceso administrativo, en el que el anterior equipo de gobierno puso todo tipo de trabas imaginables demorando la resolución del expediente», explican.

Esperan que «en cuestión de uno o dos días será autorizada la apertura del establecimiento, trámite posterior a la licencia de obra y actividad ya concedida».

Afirman que para conseguir algo que se le denegó durante estos nueve meses «la propia empresa, a través de su abogado, que ha tenido que tramitar la licencia de ocupación de todo el edificio, único requisito cuya falta motivo en su día la anulación de la licencia de la discoteca».

Recuerdan que «tras una incesante labor jurídica y técnica por fin queda claro que esta discoteca cumple todos y cada uno de los requisitos de la normativa mas exigente en materia de accesibilidad, , seguridad e insonorización, a diferencia de otros establecimientos similares que durante todos estos meses se han lucrado a costa del cierre de nuestro negocio»

Consideran tras todo el proceso vivido hasta ahora » inaudito que una licencia de actividad para un establecimiento de ocio que dará a trabajo a una docena de personas y ofrecerá una alternativa de recreo a las escasas ofertas de que disponen en la zona tarde en tramitarse nada menos que nueve meses».

Explican que «todavía queda mucho por hacer para reparar la injusticia cometida y en este sentido, y una vez conseguida la licencia municipal, el abogado va a concentrar sus esfuerzos en la reclamación patrimonial ya presentada por la empresa como consecuencia de la anulación de la licencia» adelanta los propietarios de este establecimiento hostelero.

Licencia de terraza hostelería

Suspendida la actividad de una terraza por ruidos

La concejalía de Urbanismo de Alicante ha decretado la inmediata suspensión de la actividad de la terraza al aire libre de un restaurante de la playa de San Juan, debido al exceso de ruidos y por carecer de un informe de Cultura, al estar en el entorno de un Bien de Interés Cultural (BIC).

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El concejal de Urbanismo y Ocupación de Vías Públicas, Miguel Ángel Pavón, ha firmado un decreto que deja sin efecto la declaración responsable presentada por la mercantil que gestiona el restaurante, ubicado en un centro comercial, para legalizar la actividad de la terraza sin licencia de veladores desde hace años y con reiteradas denuncias por exceso de ruido.

Según un comunicado del Consistorio, Urbanismo deniega por tanto la licencia de apertura para la ampliación de la terraza exterior al aire libre del restaurante y decreta la suspensión inmediata de la actividad en el exterior, en base al informe desfavorable elaborado por el Departamento de Inspección y Control Técnico.

Dicho informe no considera válida la auditoría acústica presentada por la mercantil, ya que no se certifica el ajuste de la actividad a las prescripciones de la ley de Protección contra la contaminación acústica.

Además, los técnicos establecen que al estar la actividad de la terraza en el entorno de un Bien de Interés Cultural (BIC), Torre Mauro/Castillo, se requiere del Informe preceptivo de la Consellería de Cultura, que habrá de tramitarse como licencia de intervención y no como declaración responsable.

Si no se cumple el cese de actividad, agentes de la Policía Local, tal y como figura en el decreto, precintarán la terraza, según las mismas fuentes.

Pavón ha explicado que ha dejado sin efecto la declaración responsable que presentó el 14 de agosto la mercantil «para intentar legalizar la terraza que el anterior Gobierno del PP ha consentido que funcionara sin licencia durante al menos tres años».

La actividad de dicha terraza, según el edil, ha ocasionado «serios perjuicios a los vecinos del entorno por el ruido nocturno que genera».

Tras una inspección Urbanismo dio un plazo de unos días para solicitar la licencia de veladores al restaurante después de comprobar que carecía de permiso pese a tener actividad desde hace años.

Desde la Concejalía de Vía Pública informan de que el restaurante solo tiene licencia de salón de banquete con música ambiental, y de que en las sucesivas inspecciones el ruido de la terraza ha llegado a superar los 65 decibelios, cuando los niveles permitidos no pueden superar los 30.

El barrio de Tetuán lucha contra la chatarra

El mercadeo de chatarra, el desguace de electrodomésticos en mitad de la acera, deteriorada incluso por el arrastre de contenedores, y la acumulación de todo tipo de residuos ha agotado la paciencia de los vecinos de la calle Marqués de Viana, en Tetuán, Madrid. Hace años que el barrio contempla con impotencia este panorama como parte inherente del paisaje diario, ante la indiferencia municipal.Chatarra calle

El foco, indican, es la chatarrería de la esquina con la calle Hierbabuena, que actúa con «total impunidad» en la compraventa de residuos, «sin hacer ni caso» a la ley estatal de recogida de residuos. Sin atreverse a revelar su identidad por miedo a posibles represalias, trabajan vía twitter para viralizar la situación en el barrio. Bajo el perfil de @fuerachaterrería publican todo tipo de fotos sobre el impacto negativo del local; «en muchas ocasiones jugándonos el tipo», aseguran.

Decenas de carros llegan a las puertas del almacén cargados de material en un goteo continuo: lavadoras, hornos, frigoríficos, microondas, hierros, tapaderas de alcantarillas… Todo es recogido por un grupo de rumanos gitanos que posteriormente lo vende a la chatarrería. Llama la atención que la actividad continúe incluso con el establecimiento cerrado. En boca de los propios intermediarios, quienes aguardan sentados en un banco como si de un punto de venta al uso se tratara, compran los residuos y después los revenden. «Es una forma de ganarnos la vida y a la gente no le molesta, somos de este barrio desde hace años y todo el mundo nos conoce», dicen. Su postura, sin embargo, es refutada en el primer testimonio: «No les he visto hablar con nadie que no sea para trapichear; se pasan el día bebiendo cerveza», señala Jesús, que vive a unos portales del almacén.

Según los responsables de la campaña de denuncia en las redes sociales, las anomalías no se limitan al mercadeo de puertas para afuera, sino que el núcleo se encuentra en la actividad de la propia chatarrería, que utiliza a estos intermediarios rumanos como una suerte de testaferros para «no ser él quien cometa las irregularidades».

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Detenidas cuatro personas tras la inspección de un local de Puente de Vallecas

La inspección de un local en el distrito de Puente de Vallecas del Ayuntamiento de Madrid se saldó la madrugada del pasado sábado con la detención de cuatro personas.

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Agentes de la Policía Municipal detectaron irregularidades en el establecimiento, donde se encontraban 70 personas consumiendo bebidas alcohólicas y en el que se habían producido reyertas y consumo de sustancias estupefacientes en otras ocasiones.

Mientras se realizaba el desalojo, los agentes fueron agredidos y tres de ellos tuvieron que ser atendidos de diversas contusiones, causando dos baja en el servicio.

Entre los detenidos se encuentra un hombre de 30 años de edad que, además de agredir a uno de los policías, llevaba una navaja y un teléfono móvil denunciado como robado meses atrás.

En la tarde del mismo sábado, el 092 recibía una llamada alertando de la presencia de menores en un local de ocio de la calle Carlos Martínez Álvarez, también en Puente de Vallecas.

En el interior se encontraban 117 personas, 85 de ellas menores de edad. A la venta había todo tipo de bebidas alcohólicas, aunque los policías no pudieron apreciar que los jóvenes las estuvieran consumiendo en ese momento.

Los agentes realizaron el acta de inspección administrativa correspondiente, donde se formularon distintas denuncias relacionadas con la normativa municipal y la legislación de la Comunidad de Madrid.

Para la realización de actividades como las denominadas sesiones light dirigidas a menores es necesario que el local cuente con unas características específicas, una licencia adecuada o una autorización expresa para ese día, siempre adoptando la medidas de seguridad idóneas para garantizar la máxima protección del menor, como se especifica en la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y en la normativa de la Comunidad de Madrid.

En ningún caso, las bebidas alcohólicas pueden expedirse ni exhibirse, teniendo que ser advertida la prohibición a la puerta del establecimiento.

Autorización de terraza hostelería

19 sanciones debido a quejas por el incumplimiento de la normativa de terrazas

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Las múltiples quejas de varios vecinos impulsan la revisión de la ordenanza reguladora de las terrazas, dado que ya ha abierto 19 expedientes sancionadores a diversos establecimientos, tanto a restaurantes como a bares y cafeterías.

Las reclamaciones de los vecinos apuntan a diversas causas, estando entre las más habituales el incumplimiento en el horario de cierre, la invasión de la vía pública o incluso directamente la inexistencia absoluta de una licencia de apertura.

Hasta cuatro años para solicitar la licencia de actividad en un Ayuntamiento

La actividad que Tadarsa Logistics S. L. plantea en la zona logística del puerto, al lado de los nuevos muelles de la margen derecha, está sujeta a las prescripciones del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, debiendo tramitarse por lo tanto ante el Ayuntamiento de Avilés.

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Tras el visto bueno medioambiental dado por el Principado, la empresa dispondrá a partir de ahora de cuatro años para solicitar la licencia de actividad para poder llevar a cabo el proyecto de adecuación del espacio y la construcción de la nave que se plantea. De hecho, el Ayuntamiento llegó a paralizar las obras de explanación de la parcela, por considerar que esa actuación se había excedido del planteamiento inicial.

Desde el Grupo Daniel Alonso no se ha explicado aún si el proyecto tiene ya la urgencia con la que se había planteado en un principio o si el acuerdo alcanzado con ArcelorMittal para la utilización de las antiguas naves de Laminación Oeste -convenio adelantado en exclusiva por LA VOZ DE AVILÉS el pasado 29 de abril- le permite acompasar ahora el proyecto del puerto. El grupo ocupará 25.300 metros cuadrados en las antiguas naves de la empresa siderúrgica para dedicarse en ese espacio a la construcción de las piezas destinadas al proyecto Wikinger de Iberdrola, en el Mar Báltico. Un proyecto de 90 millones de euros que afronta ya el grupo avilesino tras formar una ‘joint venture’ con Navantia Ferrol.

Más de 500 empresas iniciaron su actividad mediante ´licencia exprés´

El Ayuntamiento concede 533 aperturas de negocios desde hace tres años tras agilizar la tramitación

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El Ayuntamiento de Lorca ha concedido 533 ‘licencias exprés‘ para la apertura de empresas y negocios desde que implantó esta fórmula en el año 2012 y solo en los primeros cinco meses de este año ya son al menos 90 los empresarios que han escogido este sistema, el cual agiliza la tramitación para la apertura de un establecimiento.

La expedición de la ‘licencia exprés‘ permite el inicio inmediato de la actividad, ya que solo requiere que los empresarios efectúen una declaración responsable en la que asumen el cumplimiento de toda la normativa aplicable a su establecimiento (con una posterior verificación e inspección por parte del Ayuntamiento).

El concejal de Urbanismo en funciones, Francisco García, recordó ayer que en los casos de ‘licencia exprés’, el ajuste del establecimiento a la normativa es revisado e inspeccionado con posterioridad por parte de los servicios técnicos municipales, que supervisan las instalaciones. Entre los meses de enero y mayo el número de expediciones aumentó un 8,43% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que ha permitido la apertura de 71 comercios, diez salones de belleza, seis centros de formación, dos oficinas bancarias y una técnica.

Francisco García expresó su satisfacción respecto a este incremento, destacando que «estamos hablando de una realidad que refleja que la apuesta por seguir generando empleo y por el perfil de nuestra ciudad como referente comercial y de servicios a nivel supracomarcal».

Para García los datos evidencian además «la reactivación del tejido socioeconómico» de Lorca, así como «la mejora económica y comercial» de la ciudad tras la crisis económica general, amplificada en el caso del municipio por dos catástrofes naturales, como los terremotos de 2011 y las riadas de 2012.