En Madrid y Barcelona se tarda más en conceder una licencia de obra respecto a otras ciudades más pequeñas.
Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona tardan de media más tiempo en resolver peticiones de licencias urbanísticas, tanto de obra mayor como menor, que localidades con menos población y con menos recursos humanos y materiales para llevar a cabo los trámites pertinentes.
La institución que dirige Soledad Becerril ha evaluado los procedimientos y tiempos de tramitación de licencias de obra en diez ayuntamientos: Madrid, Barcelona y Valencia —capitales de provincia de más de 500.000 habitantes—; Vigo —con más de 300.000 habitantes no capital de provincia—; Cáceres y Pamplona —capitales de provincia con entre 200.000 y 500.000 habitantes—; Algeciras (Cádiz) e Irún (Guipúzcoa) —con entre 50.000 y 200.000 habitantes— y Villena (Alicante) y Úbeda (Jaén) —con entre 20.000 y 50.000 habitantes—.
Del estudio se deduce que Madrid tarda de media entre 90 y 120 días en los casos de licencias de obra mayor y entre 30 y 60 días para las de obra menor, mientras que Barcelona se demora 90 días en el primer caso y entre 30 y 40 en el segundo.
Algeciras, exponente de los municipios de entre 50.000 y 200.000 habitantes, también se retrasa entre 90 y 180 días para las licencias de obra mayor, pero sus plazos se reducen considerablemente para las de obra menor, que se resuelven entre 1 y 15 días después de la solicitud. Pamplona, la más ágil Pamplona es la que menos tarda en resolver las licencias de obra mayor, con unos 30 días de promedio. Valencia también se mueve en una franja de entre 30 y 90 días.
Además, plantea que se coordinen los distintos departamentos municipales para los casos en que se necesita la obtención de licencias de actividades y de obras para la apertura de un establecimiento, de forma que se puedan tramitar y resolver simultáneamente. E insta a los entes supramunicipales a suplir la falta de medios de los municipios más pequeños con asesoramiento permanente técnico y jurídico, apoyo material y asistencia en el procesamiento de la información, en las comunicaciones y en las sedes electrónicas.
Con todos estos datos, el Defensor del Pueblo formuló una serie de recomendaciones, que se dirigieron a los ayuntamientos y también a la Federación Española de Municipios y Provincias. Entre ellas dar un tratamiento adecuado a la declaración responsable, sustitutivo de la licencia en muchos casos tras las últimas reformas legislativas, y dar un trato adecuado al silencio administrativo, ya sea positivo o negativo, de manera que aunque no haya decisión expresa sobre la solicitud de licencia, siempre se haga un seguimiento de los actos materiales que se realicen.
Se aconseja asimismo emplear un plan de inspecciones de obras y suplir la falta de medios de los municipios más pequeños con apoyo técnico, jurídico y material, incluida la asistencia en el procesamiento de la información, en las comunicaciones y en las sedes electrónicas.
Vía: www.20minutos.es
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