Es una constante fuente de quejas los ruidos producidos por los inquilinos de los pisos vacacionales. Consciente de este hecho muchos Ayuntamientos están comenzando a regular este tipo de alquileres y a requerir una licencia previa y obligatoria para los pisos de alquiler vacacional.
Como por ejemplo, y tómese como visión de lo que tarde o temprano comenzarán a realizar todos los Ayuntamientos, es el caso de Las Palmas de Gran Canaria donde varios funcionarios han estado encuentran «peinando» las diferentes páginas web dedicadas al alquiler vacacional en busca de pisos y viviendas que no hayan obtenido la licencia preceptiva. De esta sencilla manera se están localizando viviendas que se publicitan de manera ilegal.
Una vez realizada la comprobación, se les envía un requerimiento, instándoles a obtener la licencia respectiva. También esta verificación sirve para comprobar si los dueños de los inmuebles han realizado el cambio de uso. De no ser así se les requerirá también que lo hagan, de tal forma que paguen las tasas de basura, los impuestos en base a su nueva actividad y se comprobará que cumplan las medidas de seguridad.
El Ayuntamiento mantuvo una reunión con representantes de la Asociación de Hoteles y Establecimientos Extrahoteleros de Las Palmas de Gran Canaria (Ahelpa) para estudiar la situación que ha originado la rápida proliferación del alquiler vacacional. Según la organización el auge de esta práctica supone una competencia desleal, pues no concurren en igualdad de condiciones en el mercado.
Asimismo, esta oferta turística ha provocado que casi desaparezcan los pisos en alquiler convencional en ciertos barrios, un hecho que preocupa enormemente al Ayuntamiento.
Compatibilidad urbanística
Desde el Ayuntamiento están trabajando para de que manera pueden obligar al Cabildo Insular a solicitar un informe de compatibilidad urbanística antes de conceder una licencia, al igual que se hace con otros negocios.
De esta manera, se intentará garantizar las medidas de seguridad pertinentes. Igualmente se aplicará con rigor el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que se especifica que no puede haber actividades comerciales por encima de un espacio residencial, además de tener un acceso por separado para ambas situaciones.
Por su parte la Asociación de Hoteles y Establecimientos apuntan que su principal inquietud radica entorno a la competencia desleal que supone el alquiler vacacional. «Cumplimos con una serie de requisitos en las leyes de turismo y tenemos una fiscalización concreta, nos preocupa que no haya igualdad de condiciones en este sentido».
Juan Francisco de la Vega, en representación de los extrahoteleros, comentó el daño que está haciendo esta práctica. «Para tener unos apartamentos abiertos necesitamos una licencia de actividad, pero se han abierto una serie de inmuebles que son enteros de complejos vacacionales que hacen el mismo trabajo que nosotros, todo igual, pero ellos no necesitan licencias de actividad, ni se hacen inspecciones de ningún tipo, ni cumplen normativas de incendios, ni parte de entrada de viajeros».
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