En el pabellón de la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados, cedido por el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, se realizan eventos deportivos desde hace más de cinco años a pesar de que el edificio no tiene licencia de actividad por incumplir los requisitos de seguridad que marca la Ley. Una situación parecida a la que presenta el Madrid Arena de la capital, donde perdieron la vida cinco chicas hace algo más de tres años y que también carece de licencia.
Pese a que las obras no se han realizado todavía, el Ayuntamiento y el máximo organismo del judo madrileño desarrollan allí actividades y competiciones a las que acuden cientos de personas, entre ellas menores, casi todas las semanas, según explican fuentes de la Policía de Villaviciosa.
Como consta en varios escritos del Servicio de Obras del Ayuntamiento, el pabellón, con capacidad para casi 2.000 personas, presenta deficiencias en la instalación de protección contra incendios, incluida la acometida definitiva de suministro directo de agua, que actualmente se obtiene a través de un aljibe. En ellos también se detalla la ausencia de un grupo electrógeno de emergencia, problemas en el diferencial eléctrico de las bombas de agua caliente sanitaria y varios desperfectos en la terraza de la escalera de emergencia, entre otras irregularidades.
La situación no es nueva. Informes municipales posteriores a la cesión sugieren que las deficiencias existen desde la construcción en 2009 del edificio -a cargo de la UTE Movexvial-Copasa- , que fue subvencionada con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. Ello no impidió que a finales del año siguiente el presidente de la Federación Madrileña de Judo, el alcalde de Villaviciosa de Odón y el entonces consejero de Cultura y Deporte de la Comunidad, Borja Sarasola –investigado por el caso Púnica-, firmaran el convenio de cesión del edificio.
En el documento se ponía negro sobre blanco que el Consistorio cedía la instalación «manifestando tener todos los permisos, licencias y autorizaciones necesarias conforme a la Ley», algo que después se ha visto no era así.
«Resulta sorprendente que se entregue un edificio público faltando a la verdad en un documento oficial y es lamentable comprobar que, a pesar de estar hablando de un tema tan serio como es la falta de licencia por no cumplir con los requisitos de seguridad, no se hayan adoptado todavía medidas resolutivas», denuncian las mismas fuentes policiales.
En 2011 el Servicio de Obras del Ayuntamiento ya dejaba constancia por escrito de las deficiencias en seguridad y poco después el Servicio de Contratación instó a que se elaborase un informe técnico presupuestando unas obras de reparación que no se ejecutaron. Consciente de la situación irregular, en marzo de 2014 el Ayuntamiento pidió a la Federación que cesase su actividad en el edificio.
Sin embargo, la entidad respondió al alcalde de Villaviciosa con un contundente escrito en el que amenazaba con querellarse contra él «por presuntos delitos de falsedad y prevaricación», ya que en el convenio se dejaba claro que el inmueble contaba con todas las licencias pertinentes. El Gobierno municipal decidió entonces que la Federación siguiese allí hasta poder resolver el problema.
Trató de hacerlo en octubre de ese mismo año, cuando adjudicó las «Obras de Legalización de Actividad del Pabellón de Judo y Deportes Asociados» a la empresa Taga S.A., pero esta, tras estudiar técnicamente el proyecto, solicitó por escrito la resolución de mutuo acuerdo del contrato, ya que aunque «se ejecutasen los trabajos y mediciones» que contemplaba el expediente municipal que definía las actuaciones, «no se obtendría el certificado de entidad de inspección y control industrial» necesario para «legalizar la actividad del pabellón».
El Ayuntamiento sólo ha remitido a un comunicado oficial en el que asevera que, según un informe de un sargento de la Policía Local que ha visitado el edificio «junto a técnicos municipales y responsables de la Federación», las deficiencias «son de carácter leve y fácilmente corregibles, no representando las mismas una manifiesta peligrosidad, ni estando comprometida la seguridad del público asistente o de los trabajadores en caso de necesidad de evacuación del edificio». El comunicado concluye que «al tratarse de deficiencias leves, no requerirían la adopción de medidas cautelares de clausura del establecimiento o de suspensión o prohibición de la actividad». Asimismo el Consistorio asegura que sigue «trabajando para adecuar esta instalación según las indicaciones que establezca el Organismo de Control Autorizado».
