Solicitan 5 años de prisión por almacenar abono sin licencia
La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha juzgado hoy a un hombre acusado de un delito medioambiental, por el que el fiscal pide una pena de 5 años de prisión por almacenar excrementos de pollo sin tener licencia para su tratamiento y gestión.
Según el relato del escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado poseía una empresa de transportes de mercancías y comercialización de productos agrícolas, orgánicos y químicos, y desde abril de 2011 ejercía su actividad en una finca de Vall d’Alba en la que había establecido una planta de tratamiento y depósito de residuos de origen animal.
En mayo de 2011 se realizaron dos inspecciones oculares por agentes de la Guardia Civil, y constataron que almacenaba materia orgánica de origen animal, purines y gallinaza.
En abril de 2012 agentes medioambientales inspeccionaron la misma parcela la cual tenía un acopio de estiércol de 10.000 metros cúbicos.
En las inspecciones se constató que había lixiviados alrededor de las pilas de estiércol, sin contar con red de drenaje y almacenamiento, y sin solera impermeable para minimizar el impacto de las aguas superficiales y subterráneas.
Las aguas procedentes del lavado del depósito se vertían en un barranco adyacente, generando alteraciones en la vegetación natural, y además, había acumulación de estiércol de forma incontrolada favoreciendo el desarrollo de insectos y plagas, con desequilibrios sobre la fauna local y la presencia residual de iones de metales pesados con generación de malos olores.
La empresa, según el fiscal, «no poseía licencia de actividad para el tratamiento y almacenaje de abono de origen animal«, y no había adoptado las medidas de minimización del impacto ambiental.
La Conselleria de Territorio y Medio Ambiente había iniciado diversos expedientes sancionadores, y se le impusieron multas al acusado, además de ordenarle el cierre de la actividad.
A pesar de ello el hombre continuó ejerciendo la actividad al menos hasta mayo de 2012.
Los hechos relatados, según el fiscal, son constitutivos de un delito contra los recursos naturales y medio ambiente y un delito de usurpación de bienes inmuebles, ya que ejercía la actividad sin conocimiento de la propietaria de la parcela.
El fiscal pide por estos hechos una pena de 5 años de prisión para el acusado, cinco años de inhabilitación para actividad relacionada con el tratamiento de residuos durante 5 años y una multa de 27.000 euros.
Durante la sesión del juicio celebrada hoy, el acusado ha manifestado que había intentado tramitar las licencias y ha reconocido que se dedicaba a esa actividad.
Sin embargo ha dicho que debido a la crisis no pudo adecuar las instalaciones para conseguirlas, pero al tener contratos cerrados con granjas de pollos continúo ejerciendo la actividad.
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