Si empezamos esta historia por el final, el titular sería que hay una orden de paralización de las obras en el edificio situado en el número 12 de la calle Salustiano Olózaga, a escasos metros de la Puerta de Alcalá de Madrid, pero los trabajos continúan. Lo denunció el PSOE en el Pleno del Ayuntamiento de la capital del pasado miércoles, donde precisamente se aprobó un cambio de uso para el inmueble de hotel a viviendas de lujo. A pesar de que los cristales a pie de calle están oscurecidos, el ruido emitido ayer por la tarde desde el interior dejaba poco lugar a equívocos.

En el Área de Desarrollo Urbano Sostenible, sin embargo, no tienen constancia de momento de que se esté cometiendo ninguna irregularidad. Los técnicos municipales del Departamento de Disciplina Urbanística tienen previsto inspeccionar el lugar para comprobar si se está avanzando en la rehabilitación de forma ilegal.

El periplo administrativo del edificio en cuestión se remonta a 2001, cuando el Ayuntamiento de Madrid (con el PP al frente) aprobó un cambio de uso en el sentido inverso al de la semana pasada, es decir, de residencial a hotelero. La licencia de obras del inmueble en el distrito de Salamanca se otorgó en 2003, en 2005 se denunció que el interior del inmueble había sido derribado pese a estar protegido pero no fue hasta 2007 cuando el Gobierno local decretó la paralización de los trabajos.

El expediente sancionador del Departamento de Disciplina Urbanística y las sentencias relativas a este particular concluyeron con la imposición de una multa al propietario y con la obligatoriedad de que se reconstruyeran los elementos destruidos. El pasado 30 de diciembre se dieron por finalizados estos trabajos de restauración y desde entonces, teóricamente, debería estar detenida la actividad en el interior hasta nueva autorización.

«Tienen orden de paralización. Entiendo que no están haciendo obras, pero no he ido por la noche, como hace usted, a ver si hay alguien que está haciendo obras». Ésta fue la respuesta que la directora general de Control de la Edificación, Ana Perpiñá, le dio a la concejal socialista Mercedes González en la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible del pasado 20 de enero cuando la edil le planteó sus dudas de que se estuviera cometiendo una ilegalidad.

En el Área de Desarrollo Urbano Sostenible han precisado este martes que la empresa propietaria del inmueble sí tiene permiso para realizar obras de tabiquería menores, aunque no para llevar a cabo el trabajo de rehabilitación integral del inmueble.

En el último Pleno se ha dado luz verde un nuevo Plan Especial para el edificio de Salustiano Olózaga, aprobado inicialmente por el Gobierno municipal saliente en el mes de junio. El expediente urbanístico contó los votos a favor de Ahora Madrid y el PP y la oposición de PSOE y Ciudadanos y autoriza el cambio de uso de hotelero a residencial.

El proyecto consiste en la rehabilitación del inmueble de 5.800 metros cuadrados para su transformación en 25 apartamentos de lujo con un presupuesto de tres millones de euros, según informa en su web la empresa encargada de la rehabilitación -Molior-. Está previsto que las plantas superiores se reserven para las viviendas, la baja y la semisótano para zonas comunes y las tres subterráneas para plazas de aparcamiento.

Pero hasta que no se solicite y se conceda la nueva licencia de obras, un trámite que puede tardar desde semanas hasta meses, no deberían comenzar los trabajos estructurales. Este periódico se puso en contacto ayer con la actual propietaria del inmueble -LemonPrime- para preguntarle por qué se está trabajando ya en el interior, pero no obtuvo respuesta.

«Los planes especiales como el de Salustiano Olózaga en realidad son legalizaciones de obra ilegales y, en este caso, es aún peor porque el edificio entero es ilegal», señala Mercedes González, que sostiene que en las obras que se hicieron para recuperar los elementos protegidos «no se respetó la fidelidad del original». Además, la concejal socialista insta a que el Departamento de Disciplina Urbanística abra un expediente por la realización de trabajos sin que se haya tramitado la nueva licencia.